Al dia de hoy no existe un acuerdo sobre las enmiendas a las condiciones de repatriación contenidas en el MLC que exigía el Grupo de Representantes de la Gente de Mar. El grupo solicitó ampliar la responsabilidad de los armadores por la repatriación de su personal al finalizar sus contratos de servicio de manera que cubra el trayecto completo hasta la llegada a su lugar de residencia.
Para la mayoría de la gente de mar, el viaje de regreso a casa es considerablemente más largo de lo que cubren los armadores en la actualidad. Por ejemplo, una persona de Filipinas que vive en Dávao puede verse abandonada en el aeropuerto de Manila, a 2500 km de su casa. Desde ahí deberá tomar otro vuelo, de unas dos horas y media, con un costo de 2500-3000 pesos filipinos. En ese tramo final, el empleador ya no cubre los costos médicos, de seguros u otros gastos.
Tal como vimos durante la pandemia, muchos tripulantes se vieron seriamente perjudicados por las medidas de cuarentena adoptadas por muchos países, lo que ha exacerbado el riesgo de tener que afrontar complicaciones y costos para poder llegar a su domicilio real.
“Los armadores rechazaron rotundamente la propuesta, a pesar de los intentos de buscar una solución intermedia”, comentó Dickinson. “Como representantes de la gente de mar, estamos decepcionados. Nos alienta el apoyo que recibimos de algunos Gobiernos, pero, aun así, es la primera vez en la historia del STC que un grupo ha rechazado una enmienda de manera categórica”.
El secretario general de la ITF, Stephen Cotton, declaró que la negativa de los armadores a negociar este punto resulta angustiante en vista de todo lo que la gente de mar debió soportar al quedar atrapada por las restricciones impuestas durante la emergencia sanitaria.
“Es una pena que, después de toda la colaboración que hubo durante la pandemia, cuando trabajamos juntos a lo largo y ancho de la industria para defender los derechos de la gente de mar, los armadores no hayan podido siquiera sentarse a dialogar, sobre todo para tratar un tema tan importante para su fuerza de trabajo. Estoy seguro de que los costos de los ejecutivos de las empresas de transporte marítimo están cubiertos de puerta a puerta. Entonces, ¿por qué no merece tener el mismo derecho la gente de mar, en especial considerando la crisis del costo de vida que muchos están padeciendo?”.
Un grupo de Gobiernos de la UE también propuso una enmienda para lograr un mayor compromiso con el periodo máximo de facto de 11 meses de servicio durante el cual la gente de mar puede permanecer embarcada antes de que los armadores estén obligados a repatriarla. Los armadores, al igual que algunos Gobiernos, insistieron en incorporar una mayor flexibilidad y exigir 12 meses de servicio en el mar antes de poder desembarcar, en especial para los aprendices. El Grupo de Representantes de la Gente de Mar se negó a aceptar esta modificación, preocupado por la seguridad y el agotamiento físico y mental del personal.
“Es difícil creer que en 2022 tengamos que argumentar que 12 meses es demasiado tiempo”, señaló Cotton. “Y esto ni siquiera tiene en cuenta el hecho de que las dotaciones de tripulantes se han reducido a la mitad y que los permisos para bajar a tierra están más restringidos que nunca. Los armadores sostienen que la gente de mar tiene libertad de elección, pero ellos tienen todo el poder, por lo que en realidad esto equivale a trabajo forzoso”.